CIDH
Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) manifiestan su preocupación por el agravamiento de la crisis humanitaria en Cuba, en un contexto de ausencia de institucionalidad democrática, así como de violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos.
La Comisión alerta sobre el deterioro de servicios esenciales, con impactos particularmente graves sobre las personas privadas de libertad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores.
La REDESCA ha seguido con atención los recientes pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas que están advirtiendo sobre el riesgo de un posible colapso humanitario, y mantiene un monitoreo continuo de la situación. En particular, observa un deterioro significativo desde finales de 2025, asociado a una reducción severa en el suministro de combustibles hacia la isla y a un contexto de alta vulnerabilidad social y situación sanitaria crítica.
A lo anterior se suma, el aumento sostenido de los precios de los alimentos y extensos cortes de electricidad en el país. Asimismo, la alta dependencia de combustibles importados incrementa la fragilidad del sistema sanitario, en un escenario de desabastecimiento de insumos y medicamentos, y de limitaciones diagnósticas y terapéuticas.
De acuerdo con una encuesta aplicada del 8 de junio al 11 de julio de 2025 por organizaciones de la sociedad civil, la falta de acceso a medicamentos alcanza niveles alarmantes: apenas 3% de las personas encuestadas habría logrado obtenerlos en farmacias sin problemas; 13% no pudo acceder por escasez y 12% por su costo. Estas condiciones comprometen la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud.
Adicionalmente, se han registrado cortes de electricidad prolongados, que han afectado gravemente el acceso al agua potable, en un contexto en el que solo 15% de los hogares recibiría el servicio de manera continua según los últimos datos disponibles. La situación es particularmente crítica si se considera que más del 80% de los sistemas de bombeo depende del suministro eléctrico, con efectos directos sobre el saneamiento y la higiene. La REDESCA observa además que el deterioro se ha profundizado durante marzo de 2026. Según información disponible, el 16 de marzo colapsó la red eléctrica nacional, dejando alrededor de 10 millones de personas sin servicio, tras una sucesión de apagones masivos en semanas previas.
Asimismo, la escasez de combustible ha dificultado el funcionamiento del sistema de racionamiento y la distribución de la canasta básica regulada, con impactos desproporcionados sobre niñas, niños y adolescentes que dependen de la alimentación escolar, mujeres embarazadas y lactantes atendidas en hogares maternos, y personas mayores en residencias.
La CIDH y su Relatoría Especial advierten que la crisis humanitaria se desarrolla en un contexto de graves violaciones de derechos humanos y serios problemas estructurales, especialmente, por la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político, así como de la prohibición de la asociación con fines políticos.
En sus reiterados informes especiales sobre Cuba, la Comisión viene alertando a la comunidad internacional sobre el impacto negativo en los derechos humanos de ese modelo político de Estado respecto de dos aspectos principales. Por un lado, mediante la profundización de la represión por parte del Estado con el fin de amedrentar y reprimir sistemáticamente a quienes expresan desacuerdo con el gobierno o son considerados opositores/disidentes del Partido Comunista. Por otro lado, se impide la implementación de las reformas necesarias para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos, combatir la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y mejorar las condiciones de vida.
En relación con el primer aspecto, organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre el elevado número de personas encarceladas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación; o por ser consideradas opositoras por el gobierno. En particular, señalan que, al cierre de enero de 2026, el país habría alcanzado un récord histórico de personas detenidas por razones políticas, estimadas en al menos 1.207, en un ambiente de intensificación de la represión.
La CIDH advierte que la represión política en Cuba se encuentra en uno de sus momentos más críticos y alarmantes de su historia reciente, con niveles históricamente altos de detenciones y una persecución sistemática dirigida específicamente a silenciar las voces de la población cubana que exige libertad y democracia. Esta represión se ejerce mediante detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías del debido proceso, aislamiento de activistas y sus familias, y el uso del aparato estatal para criminalizar la disidencia pacífica. La crisis humanitaria que vive el pueblo cubano no puede disociarse de esta realidad: es en parte consecuencia directa de un sistema político que impide a la ciudadanía organizarse, demandar cuentas a sus gobernantes y participar libremente en las decisiones que afectan su bienestar.
En atención a este preocupante panorama, la CIDH y la REDESCA, subrayan que la responsabilidad primaria por el bienestar de la población cubana recae sobre el propio Estado cubano, cuyas políticas económicas restrictivas y modelo de partido único constituyen la causa estructural de la crisis. Es por ello, que al tiempo de reiterar su preocupación por los efectos de las sanciones impuestas sobre Cuba y el cierre de los mercados internaciones, reafirman que el respeto efectivo de los derechos humanos requiere condiciones institucionales que garanticen el Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, la participación democrática y el cese de toda forma de represión.
En este sentido, la Comisión reitera que el pleno goce de los derechos humanos en Cuba requiere avances sustantivos hacia la apertura democrática, el respeto a las libertades fundamentales y la adopción de reformas económicas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población. En particular, exhorta nuevamente al Estado a tomar urgentemente medidas efectivas y progresivas para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la población, prestando especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las personas privadas de la libertad, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
CIDH otorga medidas cautelares al activista Roilán Álvarez Rensoler en Cuba
Washington D.C - El 24 de marzo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 19/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Roilán Álvarez Rensoler, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Cuba.
Según la solicitud, el beneficiario es un activista vinculado a la oposición política, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide. Fue detenido el 31 de enero de 2026 en Santiago de Cuba por agentes de la Seguridad del Estado. Posteriormente, inició una huelga de hambre por más de 50 días, lo que generó un progresivo deterioro de su salud y culminó en un evento cardíaco que requirió maniobras de reanimación. Pese a su estado clínico crítico, habría sido trasladado a una prisión en Holguín tres días después, sin que se conozca su situación a la fecha.
Asimismo, se reportaron obstáculos para el ejercicio de su defensa y el contacto con sus familiares, hostigamiento estatal y presuntas presiones para que aceptara salir del país como condición para su liberación. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que el estado de salud crítico del beneficiario, la ausencia de un monitoreo clínico adecuado, la falta de información sobre su estado y la incomunicación con su familia, junto con su permanencia en privación de libertad, incrementa de manera sustancial el riesgo de un deterioro irreversible de su salud. Por consiguiente, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Cuba que:
adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Roilán Álvarez Rensoler; implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de la persona beneficiaria sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; realice de inmediato una valoración médica integral sobre la situación de salud de Roilán Álvarez Rensoler, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes; concierte las medidas con el beneficiario y sus representantes; y informe sobre las acciones adoptadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar, y así evitar su repetición. El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Cuba no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.
La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.